El agua fluye en la dirección del poder
En la actualidad, en muchos lugares del mundo, pero particularmente en los países andinos, somos testigos de la explosión creciente de conflictos en torno al acceso, los derechos de uso y la distribución de los recursos hídricos. Como era de esperarse, estos conflictos se desarrollan en un marco de evidentes asimetrías de poder e influencia entre nuevos actores económicos de envergadura por un lado, y los pobladores rurales y urbanos de menos recursos, por otro.
Los cambios en la economía nacional y consecuentemente, en la estructura agraria, los procesos de reforma hídrica, la modernización de la legislación sobre los recursos naturales y la gestión ambiental, en función de las exigencias de un mercado globalizado y de libre comercio, la apertura a las empresas y al capital financiera internacional, así como las políticas públicas coherentes con esta perspectiva; han generado procesos de cambio en cuanto al acceso y los derechos al agua. Este nuevo escenario permite entonces que nuevos grupos de interés –grandes centros urbanos, empresas agro-exportadoras, industriales, mineras y energéticas, entre otros–, logren satisfacer su demanda creciente por el agua disponible, a partir de extraerla de los territorios ocupados por poblaciones indígenas y campesinas, ignorando frecuentemente los derechos y arreglos locales, que han priorizado históricamente usos distintos para este recurso, acorde a los diversos sistemas de vida y culturas locales.
No estamos pues, tan solo, frente a un proceso de acumulación de nuevos derechos de agua por nuevos intereses económicos-financieros; sino sobre todo frente al despojo del acceso al agua de los grupos poblacionales más marginados y pobres, y que se encuentran además, entre los más vulnerables frente al cambio climático, la disminución de la seguridad alimentaria y el deterioro ambiental de los ecosistemas.
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